- El derecho de los pueblos a liberarse de los terroristas necesita la cooperación eficaz y resuelta de todos los gobiernos democráticos.
- Colombia paga recompensas a informantes que permitan la captura de terroristas. No soborna. Venezuela debe presentar las pruebas sobre el supuesto soborno a funcionarios.
- No se puede caer en el cínico engaño de la FARC que presenta como secuestro la captura de los secuestradores.
- Colombia entregará pruebas al Gobierno de Venezuela sobre la protección que funcionarios de ese país le otorgaban al señor Granda. El albergue de terroristas viola la soberanía de Colombia, país ofendido, por cuanto aumenta el riesgo de terror contra su ciudadanía.
- Colombia no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un evento político patrocinado por instituciones oficiales de Venezuela. Una cosa es la oposición política y otra muy diferente es el terrorismo.
- Con extrañeza se lee en el Comunicado de la Cancillería de Venezuela que en el caso Granda se quiere involucrar a 4 policías colombianos. Las autoridades de Venezuela oportunamente conocieron que se trataba de otro operativo antinarcotráfico. Fueron investigados y liberados.
- Colombia ha acudido a los canales diplomáticos y oficiales. Lo que se reclama es que esos canales operen y sean eficaces. Una vez más se entregarán a dicho Gobierno informaciones sobre presencia de terroristas colombianos en el territorio de Venezuela. Se incluirá el nombre de 7 cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos.
- Se reitera la voluntad del Gobierno Colombiano de trabajar en armonía con el Gobierno de Venezuela, y de acuerdo con el procedimiento que definan las cancillerías.
- El terrorismo no puede maltratar la unidad de nuestros pueblos.
Comunicado de la Casa de Nariño
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