DECRETO NUMERO 3030 DE 1990

(diciembre 14)

Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden publico y se subrogan los decretos legislativos 2047, 2147 Y 2372 DE 1990.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto número 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, para combatir las perturbaciones producidas por bandas de terroristas y narcotraficantes;

Que aún persisten los factores de perturbación invocados en el mencionado decreto, tales como la violencia proveniente de grupos armados y la acción desestabilizadora de los narcotraficantes;

Que es urgente buscar mecanismos que conduzcan al restablecimiento del imperio del derecho y el fortalecimiento de la justicia;

Que por medio de los Decretos 2047, 2147 y 2372 del presente año, el Gobierno creó mecanismos para lograr que quienes hubieren cometido los delitos que dieron origen a la declaratoria de turbación del orden público se sometan a la justicia colombiana;

Que resulta conveniente complementar los instrumentos anteriores con el propósito de hacer viable el logro de tan importante objetivo,

DECRETA:

Artículo 1º Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, quienes antes del 5 de septiembre de 1990 hayan cometido cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 30 de 1986 y demás normas que la adicionan o modifican, o cualquiera de los delitos de competencia de los jueces de orden público o especializados, tendrán derecho a rebaja de pena o condena de ejecución condicional, para los casos que expresamente se señalen en este Decreto, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la persona que no esté privada de la libertad comparezca voluntariamente ante un Juez Penal o Promiscuo de la República y haga confesión libre y espontánea de cualquiera de los hechos punibles a que se refiere el inciso primero de este artículo, en el que haya intervenido como autor o partícipe, siempre y cuando que ella pueda servir de base para dictar sentencia condenatoria, por determinarse el hecho punible con las condiciones de tiempo, modo y lugar de realización que permitan identificarlo claramente, y que no se aleguen causales de justificación, inculpabilidad o impunibilidad.

El confesante acudirá a la diligencia acompañado de apoderado o el juez le nombrará defensor de oficio para el efecto.

La retractación de los hechos confesados hará perder todos los beneficios.

2. Que en dicha confesión denuncie bienes que hayan servido para realizar los ilícitos o que provengan de su ejecución en forma directa o indirecta, si los hubiere. Este requisito servirá para determinar la rebaja de la pena a que se refiere el artículo 9ºde este Decreto.

Si se trata de armas o de cualquier otro bien que est‚ fuera del comercio, deberá hacer entrega de los mismos al Juez, si los tuviere en su poder al momento de hacer la confesión, o posibilitar su incautación de manera efectiva.

Parágrafo I. No obstante lo establecido en el inciso primero de este artículo, para los delitos de Porte Ilegal de Armas y Concierto para Delinquir, los beneficios se aplicarán también a quienes cometieren los hechos punibles dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha allí señalada.

Parágrafo II. El Director Nacional y los Directores Seccionales de Instrucción Criminal suministrarán a los interesados toda la información y protección necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de esta norma, y prestarán al juez todo el apoyo que se requiera para trasladar al confesante ante el juez que sea competente para conocer de los delitos confesados, coordinando para ello las actividades requeridas con las autoridades judiciales, civiles, policivas y militares.

Es juez competente para conocer del proceso el de Orden Público o Especializado que esté adelantando la investigación por cualquiera de los hechos confesados. Si fueren varios, cualquiera de ellos a prevención. Si no se estuviere adelantando en el país investigación por ninguno de ellos o si hubiere sido cometido en el exterior, será competente el Juez de Orden Público o Especializado, a quien el Director Nacional o Seccional de Instrucción Criminal o el de Orden Público, según el caso, asigne la investigación.

Si el proceso por el delito confesado lo estuviere adelantando un juez ordinario, perderá la competencia, la que corresponderá al Juez de Orden Público o Especializado, a quien el Director Nacional o Seccional de Instrucción Criminal o de Orden Público, según el caso, le asigne la investigación.

Parágrafo III. En ningún caso los beneficios establecidos en este Decreto se aplicarán a los delitos cometidos con posterioridad al 5 de septiembre de 1990, salvo lo dispuesto en el parágrafo I de esta disposición.

Artículo 2º El juez que reciba la confesión deberá dar aviso, por vía telegráfica o por cualquier otro medio escrito idóneo al Director Seccional de Instrucción Criminal, al Procurador Delegado para los Derechos Humanos y al Provincial, informando el nombre completo y el número y clase de documento de identidad correspondiente de quienes comparecieren a confesar.

Cuando se defina la situación jurídica del procesado, se informará nuevamente a dichos funcionarios sobre la naturaleza de la decisión y sobre los delitos confesados.

Artículo 3º Recibida la información por el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, éste, a través del Fiscal correspondiente o por medio de un funcionario del Ministerio Público, y sin perjuicio de la función propia del Fiscal, tomará las medidas necesarias para garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de los procesados.

Artículo 4º El Juez competente para conocer el proceso, abrirá la investigación, la continuará y procederá a definir la situación jurídica del procesado dentro del término de ley, teniendo como indagatoria la confesión hecha por éste; si considerare oportuno ampliarla previamente, procederá a hacerlo.

Si se tratare únicamente de los delitos de Porte Ilegal de Armas y Concierto para Delinquir, en el mismo acto dispondrá la libertad inmediata del imputado, sin caución y con el compromiso de hacer presentación personal cuando se le requiera por razón del proceso. En estos casos no habrá incautación ni decomiso de bienes, salvo las armas o cualquier otro bien que esté fuera del comercio.

Si confiesa además otros delitos, se adelantará investigación por éstos, en forma separada para cada uno, salvo que sean conexos, y se proferirá auto de detención preventiva en ellos, in derecho a excarcelación.

Si sólo confiesa delitos diferentes a los señalados en el inciso segundo de este artículo, se proferirá auto de detención preventivo por cada uno de ellos, sin derecho a excarcelación.

En los casos señalados en estos dos últimos incisos, los bienes estarán sujetos al régimen establecido en los artículos 53 y siguientes del Decreto 2790 de 1990, y con relación a ellos el juez deberá cumplir las obligaciones señaladas en dichas normas para el Jefe de la Unidad de Policía Judicial, pudiendo comisionar para ello a otros Jueces o a funcionarios de la Policía Judicial.

Artículo 5º En el auto de apertura de la investigación, el juez dispondrá las siguientes diligencias:

a) Cuando fuere necesario practicar pruebas en el exterior, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 646 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 257 del mismo estatuto;

b) Solicitará a todas las Embajadas acreditadas ante el Gobierno de Colombia el envío de información relacionada con las solicitudes de extradición que se hubieren formulado o pudieren formularse contra el procesado, mediante carta rogatoria enviada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores;

c) Solicitará a las autoridades nacionales o extranjeras el envío de las pruebas que se hayan producido válidamente en otro proceso, y que sean conducentes para establecer los hechos materia de la investigación, en los términos señalados en el artículo 256 del Código de Procedimiento Penal. Si se trata de pruebas practicadas en el exterior, deberán solicitarse mediante carta rogatoria dirigida a las autoridades correspondientes, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores;

d) Pedirá al Ministerio de Justicia el envío de toda la documentación existente en contra del procesado por razón de peticiones de extradición, para agregarla al proceso;

e) Pedirá a todos los juzgados del país, por conducto de la Dirección de Instrucción Criminal, el envío de todos los procesos en los que esté vinculado el procesado como autor o partícipe;

f) Solicitará informes al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Policía Nacional sobre los procesos que se estén adelantando contra el procesado, y los pedirá a las autoridades que los estuvieren tramitando;

g) Dispondrá la práctica de las pruebas que considere conducentes para confirmar o infirmar las aseveraciones hechas por el procesado en su confesión, y de las demás que considere pertinentes para esclarecer los hechos;

h) Dará aviso al Ministerio Público para que adelante lo relativo a la indemnización de perjuicios en los términos señaladas en el Decreto 2790 de 1990.

Artículo 6º En los casos en que por razón de los delitos confesados la persona sea privada de la libertad, no habrá lugar a extradición durante el periodo de la detención por ningún delito, confesado o no, salvo que se fugue o intente fugarse, se retracte o la confesión sea desvirtuada.

El Ministerio de Justicia revocará los autos de detención con fines de extradición una vez se ejecutorie la sentencia o sentencias en los respectivos procesos, si hubiere condena por alguno de ellos o se hubiere dictado auto de cesación de procedimiento en el evento a que se refiere el inciso segundo del artículo octavo de este Decreto.

Si durante el cumplimiento de la pena el procesado se fugare o intentare hacerlo, se reiniciarán oficiosamente los trámites de extradición tan pronto se ejecutorie el auto de detención en el proceso por fuga, pero la decisión sobre ella será diferida para el momento de ejecutoria del fallo en dicho proceso, el cual se adelantará por el Juez de Orden Público que haya dictado la sentencia condenatoria.

Para los efectos de este Decreto se entiende que hay fuga cuando la evasión se produzca a partir del momento de la presentación

Artículo 7º El juez que haya asumido el conocimiento de los delitos confesados, será competente para conocer de todos los procesos que se adelanten contra el procesado, así algunos de los delitos no sean de su competencia o alguno de los coautores o participes no estén en las condiciones señaladas en el artículo primero de este Decreto, salvo el fuero constitucional o legal respecto de los aforados únicamente. Adelantará un solo proceso con los que fueren conexos, y tramitará por separado los que no lo fueren, pero se acumularán todos en la etapa del juicio, cuando fuere posible.

Por los delitos no confesados no habrá lugar a las rebajas prevista en este Decreto.

En caso de concurso de delitos, la pena imponible será la del delito al que corresponda una pena mayor dentro del proceso, hecha previamente la determinación para cada uno de ellos por razón de las circunstancias agravantes y atenuantes de la punibilidad y las rebajas de penas a que haya lugar, aumentada hasta en otro tanto.

El trámite para los delitos a que se refiere este artículo en los procesos adelantados por los Jueces de Orden Público, será el establecido en el Decreto legislativo 2790 de 1990, pero hasta el 16 de enero de 1991 la investigación la adelantará también el juez de conocimiento. Las pruebas serán practicadas por la Unidad de Policía Judicial que señale el juezcompetente.

Artículo 8º Cuando entre los delitos que se investigan haya alguno cometido tanto en el país como en el exterior, sólo podrá dictarse el auto de cierre de investigación, cuando hayan transcurrido por lo menos nueve meses de haberse enviado a la representación diplomática del respectivo país, el exhorto pidiendo la práctica o traslado de pruebas, si éstas aún no han llegado. Pasado este término, se calificará el proceso con el material probatorio que obre en el mismo.

Si uno de los delitos hubiere sido cometido íntegramente en el exterior, se adelantará para el proceso separado. Si las pruebas pedidas no hubieren llegado dentro del año siguiente a su petición, el juez dispondrá la libertad provisional del sindicado, si no estuviere siendo procesado por otros delitos, mediante la constitución de una caución que garantice suficientemente la presentación periódica y la prohibición de salir del país mientras dure el proceso. Durante este periodo no habrá lugar a extradición por delitos cometidos antes del 5 de septiembre de 1990. Dispondrá la reapertura de la investigación por este delito y continuará el trámite de los otros, si los hubiere. Pasado un año más sin que hubieren llegado las pruebas, procederá a calificar el mérito del sumario.

Artículo 9º Si después de calificado el mérito del sumario en alguno de los procesos adelantados o dictado sentencia condenatoria, llegaren nuevas solicitudes de extradición o nuevas denuncias por razón de hechos cometidos antes del 5 de septiembre de 1990, adelantará la investigación el Juez de Orden Público o Especializado que señale el Director Nacional o Seccional de Instrucción Criminal o el de Orden Público, según el caso.

Si el procesado o sentenciado aceptare haberlos cometido, tendrá todos los beneficios señalados en este Decreto. En caso contrario se continuará la investigación y, si fuere condenado por ellos, no tendrá derecho a las rebajas en él señaladas.

Si hubiere sido condenado previamente por hechos confesados o hubiere sido beneficiado con cesación de procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 8ºde este Decreto, no habrá lugar a extradición por estos nuevos hechos, aun cuando en el momento de presentarse la nueva petición ya estuviere disfrutando de libertad.

Si la persona hubiere confesado delitos sancionados con pena privativa de la libertad, en caso de condena por los nuevos delitos la pena se integrará con la que se le hubiere impuesto en el anterior proceso, para efectos de la acumulación jurídica de la sanción, cuando la que sirvió para determinarla haya sido mayor en éste que la correspondiente del nuevo proceso. En caso contrario, se tomará como base para la acumulación jurídica la de éste, teniéndose en cuenta los delitos del anterior proceso para el cálculo del incremento de la pena por razón del concurso, siendo la pena total par ambos procesos esta ultima, sobre la cual se descontará la que ya se hubiere pagado.

La pena imponible en el nuevo proceso se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7º de este Decreto,

Artículo 10. Cuando el procesado haya confesado el delito de Porte Ilegal de Armas o el de Concierto para Delinquir o su concurso, el juez suspenderá la ejecución de la sentencia en los términos señalados en los artículos 69, 70 y 71 del Código Penal, pero sólo respecto de estos delitos.

Si además hubiere confesado otros delitos, o los confesadosfueren distintos de los señalados en el inciso anterior, el juez condenará por éstos, estableciendo la pena a que haya lugar, de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 7ºde este Decreto, descontando previamente para los delitos confesados las siguientes rebajas:

a) En una tercera parte por razón de la confesión;

b) Hasta en otra sexta parte, por razón de la colaboración que se haya prestado para descubrir los demás autores o partícipes del delito y por la cuantía de los bienes denunciados;

c) Las que estén establecidas en la legislación penal o en leyes especiales, si el procesado prefiere éstas, en los términos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 11. Los beneficios establecidos en este Decreto para los casos de confesión y colaboración con la Justicia son incompatibles con los consagrados para estas mismas conductas en las leyes penales, pero el beneficiario podrá acogerse a cualquiera de ellos, a su elección.

Artículo 12. En los delitos a que se refiere este Decreto no habrá lugar a la suspensión de la detención preventiva ni de la ejecución de la pena, pero podrá concederse la detención hospitalaria, cuando el procesado o condenado sufriere grave enfermedad o a la imputada le faltaren cuatro (4) semanas para el parto o si no han transcurrido dos (2) meses desde la fecha en que dio a luz.

En los eventos anteriores se exigirá por el juez, certificado del médico legista, quien determinará periódicamente sobre la necesidad de que continúe la detención en la forma prevista en el inciso anterior. Esta medida sólo podrá ser autorizada, previo concepto favorable del Agente del Ministerio Público.

Artículo 13. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de este Decreto, en la respectiva sentencia se dispondrá el decomiso a favor del Estado de todos los bienes denunciados por el acusado en su confesión, así figuren a nombre de otras personas, salvo los derechos de terceros de buena fe, y de los demás cuya relación directa con el delito se acredite por cualquier medio probatorio dentro del proceso, quien quiera que sea su dueño, a quien se escuchará en incidente.

Parágrafo. Todo lo anterior se aplicará sin perjuicio de las normas vigentes sobre destinación provisional y definitiva de los bienes vinculados o derivados de los delitos a que se refiere este Decreto.

Artículo 14. En la sentencia que se profiera como culminación de los procesos por delitos a que se refiere este Decreto, se condenará al pago de los perjuicios causados por el hecho punible, y los bienes decomisados se dedicarán preferencialmente al pago de dichos perjuicios.

Artículo 15. En lo no previsto por este Decreto se adelantará el proceso de conformidad con las normas contenidas en el Decreto 2790 de 1990 y las que adicionen o reformen y, en subsidio, por las del Código de Procedimiento Penal.

Artículo 16. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y subroga en lo pertinente los Decretos legislativos 2047, 2147 y 2372 de 1990.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 14 de diciembre de 1990.

CESAR GAVIRIA TRUJILLO

El Ministro de Gobierno, JULIO CESAR SANCHEZ GARCIA;

El Ministro de Relaciones Exteriores, LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA;

El Ministro de Justicia, JAIME GIRALDO ANGEL;

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ;

El Ministro de Defensa Nacional, General OSCAR BOTERO RESTREPO;

La Ministra de Agricultura, MARIA DEL ROSARIO SINTES ULLOA;

El Ministro de Desarrollo Económico, ERNESTO SAMPER PIZANO;

El Ministro de Minas y Energía, LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ;

El Ministro de Educación Nacional, ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO;

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA;

El Ministro de Salud, CAMILO GONZALEZ POSSO;

El Ministro de Comunicaciones, ALBERTO CASAS SANTAMARIA;

El Ministro de Obras Públicas y Transporte, JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIERREZ.

DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39603. 14,DICIEMBRE, 1990. PAG. 1.

Al Señor Presidente de Colombia y a las comunidades nacional e internacional

Entendemos y aceptamos que el fundamento esencial de la ley de Justicia y Paz reside en la confesión de la verdad de todo lo acontecido en la reciente historia de nuestra tragedia nacional. Así lo ratificó la honorable Corte Constitucional en reciente sentencia, así lo espera la comunidad internacional, así lo ha exigido el país.

Por primera vez en Colombia se pide en un proceso de paz, que los actores cuenten toda la verdad, todavía sin que aún haya tomado distancia histórica muchos dolorosos episodios que nos ha tocado vivir y de los que muchos somos protagonistas. Pese a ello, hemos tomado la decisión de dar el paso que la ley exige y la sociedad demanda.

Tanto por nuestra formación cristiana, como por nuestra posición política, hemos entendido que sólo “la verdad os hará libres”. El conocimiento de la verdad plana es decisivo para el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional y el perdón. Conocer la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en el que participamos, es un derecho colectivo inalienable y un instrumento indispensable, como salvaguardia para impedir en el futuro, la repetición azarosa de hechos de violencia.

El conocimiento de la historia por parte de un pueblo sumamente lacerado por cuenta de la violencia fratricida como el nuestro, es el lacerado por cuenta de la violencia fraticida como el nuestro, es el mas valioso patrimonio y la mejor garantía, para escapar definitivamente de ese circulo vicioso y constrictor, que convirtió a las víctimas de ayer, en los victimarios de hoy. Ciertamente nosotros, ante el vacío negligente de Estado luchamos contra un daño que lesionaba gravemente a la sociedad, causando igualmente mucho daño. Ahora, de ninguna manera queremos que este círculo perverso, que un día nos atrapó a nosotros, mañana absorba la vida de otros colombianos.

En consecuencia, el conocimiento de la verdad como derecho de la sociedad, se constituye también en eje central de la no repetición o del nunca más, dado que conduce a tomar medidas preventivas para evitar que, hacia el futuro, se revivan episodios de la violencia, tanto o más lamentables que los de hoy. Esta es la razón patriótica y humanitaria, para tomar la decisión de relatar la verdad sobre el origen, la evolución y el modo de operar de lo que fue nuestra organización de autodefensas campesinas. LO HACEMOS COMO UNA CONTRIBUCIÓN A LA PAZ DEL PAÍS.

Pedimos públicamente a quienes fueron nuestros impulsadores, colaboradores y beneficiarios directos, empresarios, industriales, dirigentes políticos y gremiales, funcionarios, líderes regionales y locales, miembros de la fuerza pública entre otros, que nos acompañen sin aprensión ni temor en esta tarea. No queremos figurar como delatores. Nuestra convocatoria es para que conjuntamente con nosotros, le demos la cara a un país, que reclama saber la verdad de lo sucedido en esta aciaga etapa de la historia de Colombia. Es la hora de comenzar a restañar heridas y pedir perdón a partir del principio reparador de la verdad.

Sin que haya lugar a interferencias con los encargos que cumplen nuestros jueces naturales, que actúan en el marco de la ley de Justicia y Paz, solicitamos que se constituya una COMISIÓN CIVIL DE LA VERDAD, con las mas altas credenciales ciudadanas, éticas y académicas, que nos brinde todas las garantías y seguridades para que nuestros testimonios sean recibidos de manera transparente y pública.

Igualmente pedimos a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional, se nos otorguen todas las garantías y salvaguardias para cumplir a cabalidad con nuestro propósito. En especial, invocamos esta protección para nuestras esposas, hijos y familiares, que son especialmente vulnerables por las implicaciones que entraña nuestra decisión.

Pedimos al Gobierno Nacional en cabeza del Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez, al Honorable Congreso de la República, a los gremios, a los partidos políticos, a las oneges de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, a todas las organizaciones de paz de Colombia, a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a los sindicatos, a la Iglesia Católica, que acompañen y respalden nuestra decisión de decirle al país la verdad de lo sucedido, para que de este modo, los comprometidos podamos asumir la responsabilidad histórica que corresponda. Necesitamos del consejo, orientación y apoyo de todos ustedes, para asumir este reto con la mayor celeridad certeza y fe en el futuro del país.

Santo Domingo, República Dominicana, 7 mar (SP). “Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política –Grupo de Río– reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador y Colombia, hemos convenido en emitir la siguiente Declaración:

1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando Fuerzas Militares y efectivos de la Policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la Provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador, para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.
2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aun de manera temporal.
3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al Pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la Fuerza Pública de Colombia.
4. Registramos también el compromiso del Presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.
5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la documentación ofrecida por el Presidente Álvaro Uribe y que habría llegado a poder del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1º de marzo, a fin de que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a la ley nacional.
6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que “Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen”.
7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan a la región.
8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas.
9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.
10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión.
11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Río, como un fundamental mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del Grupo permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Santo Domingo, República Dominicana

7 de marzo de 2008”.

Francisco Cifuentes

En la búsqueda de material para documentar los comentarios que hago en el el abedul, en la sección sobre la guerra, me tope gracias al poeta y librero de viejo Guillermo Martínez González con un libro de Robert D. Kaplan “El retorno a la Antigüedad, La política de los guerreros” que trae algunos paralelos entre las situaciones bélicas pasadas y presentes; estas últimas semanas he estado siguiendo de mala gana los confusos debates sobre la ley de Justicia y Paz que se adelantan en el Congreso en medio un mar de propuestas y situaciones contradictorias sobre lo que se quiere, lo que se dice, lo que se pacta y lo que se hace. Casualmente este autor tiene un resumen sobre las guerras púnicas de Tito Livio “Aníbal contra Roma”, que me retrajeron al paralelo de la situación en el Senado romano respecto de la guerra con Cartago y de la que se está dando en el parlamento colombiano durante el trámite de esta ley.

Dice Kaplan que las generaciones actuales creen en su singularidad, es decir, que la época actual es única, que la sensatez y la sabiduría es de los hombres hoy no de los de ayer que se embarcaron en guerras inútiles. Trae en su apoyo sobre el engreimiento de los hombres del presente esta frase de Tito Livio “es humano negarse, en una época de regocijo, a escuchar argumentos que convertirán la sustancia misma en la sombra”. Este hecho de negación a escuchar los argumentos sobre la importancia y la necesidad de legislar sobre un problema que visto en la situación actual es de una “época de regocijo” para los legisladores porque los guerreros de “Aníbal” están concentrados, están desarmados, están dóciles y por lo tanto son una amenaza es el primer llamado que se presenta en la miopía del legislador colombiano al dar largas al trámite y al no detenerse a evaluar el riesgo de un fracaso en el tratamiento de estos guerreros que quieren negociar y tratar de legislar para “malos angelicales” que nunca han traficado con droga, que nunca han cometido ningún crimen atroz, que nunca han levantado la mano; de querer hacer “que haya cama para todos los animales” y recobrar el tiempo, la historia y la propiedad perdidos en una sola tacada. Algunos legisladores y el comisionado tienen claridad sobre lo peligroso de estas fuerzas dormidas y la necesidad de fraccionar los problemas a encarar, mientras otros quieren “amargar a los perdedores sin privarlos de la capacidad de vengarse”, lo que genera a la larga una paz inestable. Aníbal había invadido casi todo el territorio de Italia y esta parece ser la situación con las autodefensas, si se cree en las denuncias que hacen los mismos legisladores sobre su participación en los gobiernos locales, la gran influencia que tienen en los resultados electorales, la reconfiguración del inventario de las propiedades rurales en todo el territorio nacional, y las cifras de las fuerzas mercenarias “que hablan con distintos acentos” con que cuentan. El senado colombiano ataca al comisionado como si fuera el jefe militar, cometiendo el mismo error de los romanos que no se definían por un solo jefe que enfrentara a Aníbal, cabe citar lo que dijo Fabio Máximo cuyas primeras acciones contra el invasor “no recibieron más que el desprecio” para encajarlas en la situación de crítica que está recibiendo en los debates el comisionado en su carácter de comandante político “No importa que califiquen tu prudencia de timidez, tu sabiduría de pereza, tu estrategia de debilidad; es preferible que un enemigo sabio te tema a que los amigos necios te elogien”.

Ralito como Cartago sufrió ya una primera devastación cuando la subversión arrasó con todo y lo dejó convertido en un territorio despoblado y ralo, de ahí su nombre. Aníbal tuvo a sus pies la capital romana y en un error de estrategia y de cálculo no la atacó. El senado colombiano tiene pues, este espejo para mirar que la torpeza está en la esencia del hombre y los hechos del pasado pueden repetirse para desgracia de los colombianos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
COMUNICADO

Cuando la política contra el terrorismo requiera participación de otros países, especialmente de los hermanos y vecinos, se continuará buscando la coordinación con sus gobiernos conforme a los principios y normas que orientan la cooperación policial y judicial.

Expresa, asimismo, con el noble propósito de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, su mayor disposición para revisar los hechos que son de conocimiento público a fin de que si han resultado inconvenientes ante el examen de la República Bolivariana de Venezuela, no se repitan. Todo ello en armonía con la voluntad política conjunta que le permita a Colombia y a Venezuela adelantar una estrategia binacional contra el terrorismo, el narcotráfico, el contrabando, el secuestro y otros delitos. Dicha estrategia se adelantará con la aplicación de los mecanismos vigentes o con otros que definan los gobiernos, siempre desde el más estricto respeto a la legalidad y en particular a la soberanía de ambos países.

Los gobiernos de Colombia y Venezuela enfocan su proceso de desarrollo promoviendo la justicia social y el desarrollo de sus pueblos, que tienen el derecho de vivir en paz, seguridad y tranquilidad.

El Gobierno de la República de Colombia expresa su profundo agradecimiento a los Gobiernos de los países amigos que, en forma generosa y desinteresada, prestaron su concurso para superar las recientes diferencias que afectaron las relaciones con la hermana República Bolivariana de Venezuela. En particular, manifiesta su gratitud al Gobierno del Perú, en su calidad de Presidente de la Comunidad Andina, por la efectiva coordinación y facilitación en este proceso.

Enero 28 de 2005
Presidencia de la República
Ministerio de Relaciones Exteriores

REPUBLICA DE COLOMBIA
COMUNICADO

El Gobierno de Colombia entrega este comunicado que ha sido acordado con el Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Basados en este acuerdo, el incidente ha quedado superado. El Presidente Álvaro Uribe visitará al Presidente Hugo Chávez el día 3 de febrero, en Venezuela, con el fin de escuchar al Presidente Chávez y proponerle unas reflexiones.

La Presidencia de la República:

1. El Gobierno Nacional es el responsable del debate electoral. El buen suceso de la democracia colombiana necesita que este proceso sea transparente, respetuoso y austero.
2. En consecuencia, el Gobierno Nacional toma y apoya todas las decisiones tendientes a garantizar el debate electoral.
3. El Gobierno Nacional no puede permitir dineros ilícitos, compra o intimidación de dirigentes y/o electores, ni la participación de grupos violentos en las campañas políticas.
4. El Gobierno Nacional apoya las decisiones tomadas por los doctores, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras y rechaza que las personas sobre quienes hayan recaído esas decisiones entren a otras listas de aspirantes al Congreso.
5. En relación con el caso del Senador Rafael Pardo, el Gobierno pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la información que ha recibido en el sentido de que el Dr. Rafael Pardo ha propuesto a las FARC una acción política en contra del Presidente de la República.

1. El derecho de los pueblos a liberarse de los terroristas necesita la cooperación eficaz y resuelta de todos los gobiernos democráticos.
2. Colombia paga recompensas a informantes que permitan la captura de terroristas. No soborna. Venezuela debe presentar las pruebas sobre el supuesto soborno a funcionarios.
3. No se puede caer en el cínico engaño de la FARC que presenta como secuestro la captura de los secuestradores.
4. Colombia entregará pruebas al Gobierno de Venezuela sobre la protección que funcionarios de ese país le otorgaban al señor Granda. El albergue de terroristas viola la soberanía de Colombia, país ofendido, por cuanto aumenta el riesgo de terror contra su ciudadanía.
5. Colombia no acepta que representantes de grupos terroristas sean admitidos en un evento político patrocinado por instituciones oficiales de Venezuela. Una cosa es la oposición política y otra muy diferente es el terrorismo.
6. Con extrañeza se lee en el Comunicado de la Cancillería de Venezuela que en el caso Granda se quiere involucrar a 4 policías colombianos. Las autoridades de Venezuela oportunamente conocieron que se trataba de otro operativo antinarcotráfico. Fueron investigados y liberados.
7. Colombia ha acudido a los canales diplomáticos y oficiales. Lo que se reclama es que esos canales operen y sean eficaces. Una vez más se entregarán a dicho Gobierno informaciones sobre presencia de terroristas colombianos en el territorio de Venezuela. Se incluirá el nombre de 7 cabecillas del terrorismo y la localización de varios campamentos.
8. Se reitera la voluntad del Gobierno Colombiano de trabajar en armonía con el Gobierno de Venezuela, y de acuerdo con el procedimiento que definan las cancillerías.
9. El terrorismo no puede maltratar la unidad de nuestros pueblos.

En mi condición de Alto Comisionado para la Paz he venido adelantando contactos discretos para buscar la liberación de las personas secuestradas por las FARC.

Por el interés de proteger la vida e integridad de los secuestrados y para preservar el canal de comunicación a través del cual esperamos avanzar en el acuerdo humanitario, es mi deber abstenerme de revelar en público los nombres de las personas que han estado involucradas en dicha labor, tal como lo establece y permite el marco legal consagrado en la ley 782 de 2002.

Adelantando las funciones que me competen, supe el día 2 de enero de 2006, de una propuesta que habría sido enviada por el senador Rafael Pardo a las FARC, la que, según información recibida, iba consignada en un CD. En ese momento supe además, que tal como lo había hecho público a finales del año 2005, el senador apoyaba el despeje militar de los municipios de Pradera y Florida. Así mismo ofrecía liderar una propuesta sobre el tema.

De este hecho tiene conocimiento y es testigo directo un familiar de una de las personas secuestradas por las FARC, cuyo nombre no hago público, tanto por las razones ya aducidas, como por no poner en riesgo la seguridad de la persona que se encuentra retenida por dicho grupo.

El pasado lunes 16 de enero sostuve una reunión con la persona encargada de mantener el contacto con las FARC, quien venía de encontrarse con un importante comandante guerrillero. Se trataron temas múltiples, relacionados en gran parte con la necesidad de acordar un mecanismo para lograr un encuentro directo entre el Gobierno y la guerrilla, que nos permita avanzar en una fórmula para la liberación de los secuestrados.
Fue en dicha reunión donde me enteré de otros detalles de la propuesta que según la información recibida, habría enviado el senador Pardo. Uno de sus argumentos centrales era alertarlos sobre las consecuencias que se derivarían de un triunfo en las elecciones de marzo de las listas de los seguidores del Presidente Uribe, pues en tal caso, y aquí reproduzco las palabras que escuché, “habría Uribe para mucho rato”, pues los congresistas electos modificarían la Constitución para facilitar la reelección indefinida del Presidente. Por tal motivo era urgente concertar una cita entre el senador y las FARC para analizar la posibilidad de alguna acción conjunta. Como era mi deber, informé con detalle al Presidente de lo acontecido. Esta es la información que tiene el Gobierno y que he compartido con el señor Fiscal General de la Nación.

Cualquier profundización de estos hechos, que haga referencia a la identidad de las personas que tuvieron conocimiento directo de ellos, sólo la adelantaré ante el señor Fiscal General de la Nación o ante una comisión internacional, con la previa advertencia que mi condición de Alto Comisionado para la Paz me obliga a solicitar la reserva y adopción de medidas necesarias para proteger la integridad de las personas que contribuyen a abrir caminos humanitarios.

No tiene sentido argumentar que desde la Casa de Nariño se pretende calumniar al senador Pardo o interferir en la acción política de candidatos opositores al Gobierno. No nos anima otro interés que exponer ante el país con objetividad lo sucedido.

Pongo estos hechos en conocimiento de la opinión, para que los valore en su justa medida, teniendo claro que la liberación de los secuestrados y los esfuerzos por lograr un acuerdo humanitario con las FARC no puede convertirse en tema a ser usado con propósito electoral. Si así sucede, perdemos todos los colombianos. Aquí solo cabe la unidad patriótica.

Bogotá, enero 19 de 2006.