Gaceta del Congreso 402

Ponencia para primer debate al proyecto de ley 05 de 2007 Senado.

Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2007

Doctor

JUAN CARLOS VELEZ URIBE

Presidente Comisión Primera Constitucional

Senado de la República

Respetado señor Presidente:

En cumplimiento a la Ley 5ª de 1992, y por encargo que me hiciera la Mesa Directiva de esta Comisión, paso a rendir ponencia para primer debate en el Senado al Proyecto de ley número 05 de 2007 Senado, por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones, en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES

En uso de la iniciativa legislativa señalada en el artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, los Senadores Gina María Parody D’echeona y Armando Benedetti Villaneda radicaron el Proyecto de ley número 05 de 2007 Senado.

La Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional Permanente designó como ponente al Senador Armando Benedetti Villaneda.

II. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto reglamentar integral y rigurosamente la forma en que se atenderán las solicitudes de los pacientes sobre la terminación de su vida en condiciones dignas y humanas; los procedimientos necesarios para tal fin y la práctica de la eutanasia y la asistencia al suicidio, por los respectivos médicos tratantes; así como, establecer los mecanismos que permitan controlar y evaluar la correcta realización de la eutanasia y el suicidio asistido, atendiendo al deber del Estado de proteger la vida.

III. CONSIDERACIONES

En 1948 los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), decidieron expedir un catálogo de derechos y garantías de los seres humanos predicables en su condición de tal, con vocación universal, aplicables en todo tiempo y lugar.

Este texto fue llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde su Preámbulo se determinan las consideraciones y finalidades que llevaron a su existencia, tales como:

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la consciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias…”

El primer artículo de la precitada Carta enuncia: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Es observable que las naciones acordaron un nuevo entendimiento del hombre y su esencia, consistente en anunciar en múltiples ocasiones la visión humana como ser digno, y por ende, autónomo.

Los conceptos entrelazados de dignidad y autonomía son apropiadamente explicados por el profesor Francisco Cortés Rodas, en su obra de La Política de la Libertad a La Política de la Igualdad, en los siguientes términos:

“En el primer nivel de autonomía al hacerse consciente el hombre de que como ser racional no está determinado para sus acciones por fuerzas e impulsos provenientes de su naturaleza sensible, descubre en sí la causa primera a partir de la cual es posible conformar un orden para interactuar, distinto del reino natural.

(…)

En el segundo nivel de la autonomía al tomar consciencia el hombre de que como ser racional no puede estar determinado en sus acciones por una normatividad de la cual no ha sido colegislador, encuentra en sí, en forma similar al nivel anterior, la causa primera a partir de la cual es posible conformar el orden práctico (moral, jurídico y político). A partir de esto se establecen las bases desde las cuales se pueden cuestionar los fundamentos teóricos de concepciones políticas y filosóficas en las que el hombre es objeto del poder y del dominio de otros hombres. La idea de autonomía cumple en este segundo nivel otro propósito: mostrar que el hombre forma su personalidad sólo si es considerado por los otros como un fin en sí mismo, es decir, si le es reconocida y respetada su dignidad y si no es utilizado como medio o instrumentalizado.

El tercer nivel de la autonomía presupone atender las condiciones sociales y económicas necesarias para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los sujetos…”

Los tres niveles de autonomía y dignidad afirman que sólo es dable considerar que se le reconoce al hombre su concepto de tal cuando se admite que este es más que una existencia puramente corpórea o natural, que siguiendo los términos Kantianos de mayoría de edad puede dirigir sus destinos sin la presencia de fuerzas extrañas de las cuales no ha sido co-creador, que la comunidad le brinda además condiciones mínimas en las que puedan florecer y desarrollarsen todas sus potencialidades.

El Constituyente Primario no fue ajeno a la visión mundial del hombre como ser digno, así que definió a Colombia como Estado Social de Derecho, fundado sobre el respeto a la dignidad humana. Esta determinación del pacto constitucional consistente en que se conceptuara que la dignidad humana se convertía en la estructura básica sobre la que se edifica el andamiaje normativo del Estado, tiene importancia máxima en la creación y aplicación del Derecho.

Esto quiero decir que en todos los estadios de creación jurídica inferiores al poder constituyente primigenio, habrá de tenerse en cuenta esta disposición, así es que al constituyente derivado, al legislador, al funcionario judicial y administrativo en todas sus decisiones le es exigible atender al concepto constitucional de dignidad humana.

El papel del concepto de dignidad humana ha sido examinado por la Corte Constitucional, Sentencia C- 355 de 2006, en los siguientes términos:

“…Desde estos diversos planos la dignidad humana juega un papel conformador del ordenamiento jurídico. En relación con el plano valorativo o axiológico, esta Corporación ha sostenido reiteradamente que la dignidad humana es el principio fundante del ordenamiento jurídico y constituye el presupuesto esencial de la consagración y efectividad de todo el sistema de derechos y garantías de la Constitución. Así mismo ha sostenido, que la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta, de la cual se derivan derechos fundamentales de las personas naturales, fundamento y pilar ético del ordenamiento jurídico. De esta múltiple caracterización ha deducido la Corte Constitucional que “la dignidad humana caracteriza de manera definitoria al Estado colombiano como conjunto de instituciones jurídicas”.

Frente al concepto de Dignidad Humana, ha expresado el Tribunal Constitucional Colombiano:

“…La Carta Política reconoce el derecho inalienable de todo ser humano a la dignidad, entendida como autonomía o posibilidad de diseñar un plan y de determinarse según sus características –“vivir como quiera”–, al punto de constituirse en el pilar esencial en la relación “Estado-Persona privada de la libertad, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución Política, los tratados internacionales y la jurisprudencia constitucional…”^[1][23] (subrayado no original)

La dignidad humana está íntimamente relacionada con el derecho fundamental a la autonomía personal, tal referencia se ciñe al entender que el hombre es un fin en sí mismo, es decir, no es un medio para realizar los ideales de los demás, por muy loables o heroicos que estos sean.

La capacidad para autodireccionar la existencia propia, implica un deber de acompañamiento del Estado, si así lo desea el ciudadano, o contrario sensu, la obligación de abstenerse, en este caso debe el Estado respetar el núcleo esencial decisional de los ciudadanos.

Por tal motivo, se entiende que es una garantía inalienable que las personas resuelvan sus asuntos conforme lo inspiren sus propias creencias y convicciones, claro está dentro de los límites que imponen el orden jurídico y los d erechos de los demás.

El proyecto sub examine dista de apoyar una “cultura de la muerte”, tal como lo consideró la Conferencia Episcopal de Colombia, en la audiencia celebrada el 27 de marzo de 2007, por la Comisión Primera del Senado de la República, durante la discusión del Proyecto de Ley Estatuaría No. 100 de 2006 Senado, contrario sensu, el proyecto busca seguir cimentando la “cultura de la dignidad”, como se ha plurienuciado, en la que se comprenda que el hombre no es una cosa al servicio de determinada concepción moral, religiosa o filosófica; ni un instrumento para probar alguna visión naturalística, sino un ser capaz de tomar las decisiones más trascendentales acerca de su existencia.

La práctica de la eutanasia o el suicidio asistido que por medio de este proyecto de ley se reglamenta no se convierte en obligatoria o imperativa, sino que en cumplimiento de esa “cultura de la dignidad”, deja al arbitrio de los colombianos decidir si luego de cumplir los estrictos parámetros allí descritos, solicitan su aplicación.

Siendo Colombia un Estado Pluralista (C. P., artículo 1°), los asociados perfectamente pueden esgrimir razones expresadas por los intervinientes en la audiencia del 27 de marzo de 2007, para no someterse a la eutanasia, así:

Dijo la Conferencia Episcopal Colombiana:

“…Quienes creemos en un Dios personal, que no solo ha creado al hombre sino que ama a cada hombre o mujer en particular y le espera para un destino eterno de felicidad (…) La eutanasia es así un grave pecado que atenta contra el hombre, y por tanto contra Dios…”.

Expresó el Centro Cultural Islámico-Colombia:

“Dios envío un guía y unas leyes divinas y humanas para el hombre desde el profeta Adán hasta el profeta Mohammad (Mahoma) donde la vida es el don más preciado. El sagrado Corán que es la constitución espiritual, social y política de una cuarta parte de la humanidad, manifiesta enfáticamente:

El hombre no se ha la dado vida (sic), la vida se la ha dado Alá, el Creador. Alá proporciona amor y nutrición cuidadosa a toda la existencia en el Universo (incluso los seres humanos) momento a momento y da ventura para el desarrollo pleno…”.

Tales son argumentos respetables y creíbles, para quien por su fuero interno y concepción del bien le repele la práctica de la eutanasia, sin embargo, estas no son razones válidas y menos constitucionales para negarle a quien fundamentado en otra cosmovisión y basado en las circunstancias en que se encuentra, considera que su estado físico es lo suficiente y enormemente doloroso como para prescindir de su existencia.

Conforme los anteriores considerandos se propondrá dar primer debate al Proyecto de ley número 05 de 2007 Senado, por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones, tal como fue presentado el proyecto original.

IV. PROPOSICION

Solicito a los miembros de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al Proyecto de ley número 05 de 2007 Senado, por la cual se reglamentan las prácticas de la eutanasia y la asistencia al suicidio en Colombia y se dictan otras disposiciones, tal como fue presentado el proyecto original.

De los honorables Congresistas,

Armando Alberto Benedetti Villaneda,

Senador de la República, Ponente.

Juan Clímaco Hernández

El último soberano de los chibchas fue Aquiminzaque. Su vida está dividida. una parte es de la prehistoria de Hunza, del olvido; otra es recordada por la historia de Tunja a raíz de su descubrimiento y de su fundación. Una figu­ra joven, seria, altiva y orgullosa. Hunza lo vio nacer, arrulló sus sueños de grandeza y presen­ció su muerte violenta.

Muerto Quemenchatocha, le sucedió Aqui­minzaque, su sobrino: no en el poder ni el tro­no que ya le habían sido arrebatados, sino en la dignidad y el respeto, aceptados no solamen­te por sus súbditos, sino también por los con­quistadores, quienes temían que si el pueblo no sentía la suprema autoridad de su soberano, podría rebelarse y acabar con algo que ellos mismos sabían era débil, frágil y muy contin­gente. El joven soberano, de carácter suave, in­teligente, sagaz como todos los de su raza., se prestó facilmente a escuchar y a estudiar las nuevas doctrinas religiosas traídas por el inva­sor. Y no era difícil que las comprendiera a ma­ravilla, dada la estructura ideológica de las disciplinas a las cuales había sido sometido por su educación desde niño. Pudo vacilar en mu­chas ocasiones al escuchar misterios y revela­ciones extrañas; pero siempre calló, demostra­ba aceptarlo todo.

La vida se deslizaba así quieta y sin compli­caciones; a su palacio acudían súbditos y con­quistadores, los unos para recibir órdenes, los otros para espiar y también para iniciar la edu­cación de aquel catecúmeno excepcional.

El pueblo no miraba con buenos ojos el he­cho de que el joven monarca no hubiera bus­cado mujer, no por la sucesión, que de acuerdo con las leyes estaba previsto no heredaría el hijo del Zaque, sino el sobrino; pero sí por el respeto y la comodidad del mismo soberano. Era necesario concertar un matrimonio, y con­sultado Aquiminzaque aceptó.

Los grandes del reino se dieron a buscar una mujer que le diera no solamente placer y amor, sino que trajera consigo lo que tanta falta le hacía al imperio: la fuerza. Y concertaron la unión con la hija del cacique más fuerte, más valeroso, el que todavía luchaba contra el con­quistador y no había cedido en nada ante los nuevos hombres, el cacique Tundama.

Pronto se hizo pública la noticia del matri­monio del joven soberano. Todos los súbditos se apresuraron con los preparativos para la fies­ta, y la ciudad, antes tranquila, se vio invadida por comisiones, delegaciones, enviadas por to­das las comarcas, para arreglar con la suntuo­sidad acostumbrada las bodas del soberano.

La situación de los conquistadores por ese entonces, no era halagadora: veníanse dispu­tando el mando de la región descubierta por don Gonzalo Jiménez de Quesada; las insurrec­ciones de Sutas, Muzos, Motilones, Sobayaes, Panches, mantenían en perpetua zozobra las es­casas fuerzas de las cuales podía disponer don Hernán Pérez de Quesada, jefe supremo de las tierras conquistadas por su hermano. Una nue­va insurrección en Tunja que moviera a los naturales de todos los cacicazgos dependientes de Aquiminzaque, vendría a ser un peligro muy grave para el sostenimiento y vida de los con­quistadores.

El movimiento de caciques interesados con las bodas del soberano seguía; y tal agitación no era para ser vista con descuido por aquellos que veían su propia vida amenazada. Se dieron, pues, a investigar el significado de tanto alarde de alegría, y si unos aceptaron como muy na­tural este regocijo, otros insistieron en ver co­natos de un enorme levantamiento, que se ex­tendía desde Bogotá hasta Pamplona, es decir, la destrucción completa de la invasión española.

Don Hernán también discutía y aceptaba lo que unas veces le parecía algo inocente siempre, lo relacionado con las bodas de Aquiminzaque; pero otras, dudaba y disponía castigos con el fin de amedrentar. Muchas veces se arrepentía y de nuevo entraba en discusión con sus capi­tanes y soldados. Estos estaban divididos: los soldados de Belalcázar y Federmán, casi todos en Tunja, venidos del Perú, mirados con des­afecto por los soldados de Quesada, muchos sin repartimiento alguno; insistían en obrar contra Aquiminzaque y sus caciques. Los soldados de Quesada, defendían la vida del joven soberano y alegaban en su favor la inocencia, la senci­llez, la quietud, la indiferencia de ese joven por cuanto pasaba, no solamente en la ciudad, sino en todo el imperio.

Triunfaron los soldados venidos con Belal­cázar y Federmán, y se decidió castigar por me­dio ejemplarísimo al soberano y a los caciques que habían llegado ya a la ciudad en espera del día de las bodas. El castigo debía ser de tal naturaleza, que escarmentara el pueblo entero para que no insistiese en nuevos levantamien­tos. Y se decretó la decapitación de Aquiminzaque. Recibió a los mensajeros tranquilo; escu­chó la sentencia, más tranquilo todavía, y con­testó como podía contestar un digno soberano de Quemenchatocha y el último soberano de un pueblo dominado por la fuerza, pero nunca so­metido, ni cobarde, ni falto de dignidad, de orgullo e inteligencia. “Di a vuestro general, que le debo el gran favor de quitarme de una vez y para siempre una vida que diariamente me quitaba; y puesto que me hice cristiano, al borrarme el poder temporal, no apresure tanto la muerte, ya que lo eterno nunca podrá robár­melo”. Y con una sonrisa de ironía despidió a los enviados que le traían la buena nueva de su muerte. Al día siguiente en la plaza de Tun­ja, en presencia de todo el pueblo, fueron deca­pitados Aquiminzaque, soberano último del im­perio chibcha, y los caciques de Toca, Motavita, Samacá, Turmequé, Suta. A otros caciques se les dio tormento.

El pueblo calló. Los cronistas de las conquis­tas anotan con admiración ese silencio. Piedra­hita dice que fue debido a que “hay dolores que se recatan en los labios, porque solamente ca­ben en los dilatados espacios del corazón, don­de así entorpecen los conductos que dan paso al dolor, que ni respiran para la queja, ni se alientan para el sollozo”.

Así murió el último soberano de Hunza, el joven Aquiminzaque. Su figura no es inferior a ninguna de los grandes soberanos americanos, que supieron protestar, con lo único que podían protestar contra la crueldad y la barbarie de la conquista: con la protesta airada y valerosa como la de su compañero ecuatoriano, Chal­cuchimac, quien, instado antes de entrar en la hoguera a aceptar las doctrinas del ca­tolicismo, contestó: “No comprendo”, e inme­diatamente dio orden a sus vasallos para que avivaran la hoguera en la cual entró volunta­riamente, sereno, digno, después, eso sí, de ele­var al cielo una oración a su dios Pachacamac. Aquiminzaque marcha también a la muerte, después de afirmar: “Sí comprendo”, y envol­viendo su confesión en la más fina y cruel iro­nía: “voy a un lugar donde el hombre nuevo nada puede robarme, voy a la eternidad”. Y con serenidad tal fue a la muerte que los cronistas dicen, “recibió el castigo con tal ánimo que más parecía diligencia de su cuidado”.

Fue la última chispa de una vida, la última vida de un imperio, cuya historia olvidada has­ta ayer, inicia su resurrección de gloria y de grandeza, para ocupar allí el puesto que merece.

CAPITULO I

Definiciones

Artículo 1º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, el siguiente será el sentido de los términos que en ella se utilizan:

Víctima

Se entiende por víctima toda persona que individual o colectivamente haya sufrido algún daño, o cualquier otro perjuicio social como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de la ley penal en el marco del conflicto armado.

Igualmente es víctima el familiar o persona a cargo que tenga relación directa con la víctima, así como la persona que haya sufrido daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir el hecho causante del daño.

La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta y sin consideración de la relación familiar entre este y la víctima.

Reparación

Se entiende por reparación la compensación de las consecuencias del hecho a través de una prestación a cargo del autor, realizada a favor de la víctima por los mecanismos establecidos en la presente ley.

Reparación simbólica

Se entiende por reparación simbólica la compensación de las consecuencias del hecho a través de una prestación realizada a favor de la comunidad afectada por el conflicto armado, o de la sociedad en general, cuando la prestación a favor de la víctima no fuera posible, no pudiera preverse un buen resultado o por sí sola no fuera suficiente.

CAPITULO II

Mecanismos procesales

1. De la suspensión condicional de la pena

Artículo 2º. Suspensión condicional de la ejecución de la pena para miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la ley cuando se encuentre comprometida la paz nacional. Cuando estén de por medio los intereses de la paz nacional, el juez deberá conceder la suspensión de la pena impuesta por sentencia ejecutoriada, previa solicitud exclusiva y discrecional del Presidente de la República, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que la pena impuesta sea privativa de la libertad.
2. Que se trate de persona perteneciente a un Grupo Armado Organizado al Margen de la ley que haya declarado un cese de hostilidades y participe activamente en un proceso de paz.
3. Que el condenado haya hecho expreso su compromiso de no cometer en adelante delito doloso.
4. Que el condenado se comprometa a ejecutar actos que contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas, la superación del conflicto y el logro de la paz, de conformidad con la presente ley.
5. Que el condenado se comprometa a no salir del país sin previa autorización judicial.
6. Que el condenado se comprometa a informar todo cambio de residencia.
7. Que el condenado se comprometa a comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.

Parágrafo 1º. Lo previsto en esta disposición se hará extensivo, en las mismas condiciones, a miembros de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley que abandonen individual y voluntariamente las armas.

Parágrafo 2º. La suspensión condicional de la pena se aplicará también a personas que hayan participado directamente en las hostilidades y se acojan a sentencia anticipada, o hagan confesión de sus delitos, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal.

Parágrafo 3º. La suspensión a que hace referencia el presente artículo se concederá bajo supervisión por un período de prueba entre uno (1) y cinco (5) años y comprenderá única y exclusivamente los delitos que hayan sido juzgados o hayan sido objeto de sentencia anticipada.

La supervisión será ejercida por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, con apoyo en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará todas las medidas que se consideren necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas (entre otros, un sistema de visitas periódicas a la residencia del penado para verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas, de lo cual informará al despacho judicial respectivo y a la Comisión de Verificación de que trata el artículo 8º).

El juez de ejecución de penas rendirá un informe mensual a la Comisión de Verificación sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones impuestas.

1. Prórroga del beneficio, revocatoria y libertad definitiva.

Artículo 3º. Prórroga del beneficio. Vencido el término de la supervisión, la suspensión condicional de la ejecución de la pena se renovará de manera automática y el juez la concederá en forma definitiva, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1. Que durante el período de prueba el condenado haya cumplido los compromisos de informar todo cambio de residencia, no salir del país sin autorización judicial y comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de las obligaciones, cuando fuere requerido para ello.
2. Que durante el período de prueba el condenado no haya cometido delito doloso.
3. Que durante el período de prueba el condenado haya ejecutado actos que contribuyan efectivamente a la reparación de las víctimas, la superación del conflicto y el logro de la paz.

Se considerará que el condenado ha cumplido los anteriores requisitos cuando así lo certifique la Comisión de Verificación, previo el informe respectivo del Juez.

Artículo 4º. Revocatoria. Si durante el período de prueba, el condenado cometiere delito doloso o incumpliere cualquiera de las obligaciones a su cargo, se revocará la suspensión de la ejecución de la pena y se hará efectiva la totalidad de la pena privativa de la libertad.

Se considerará que el condenado ha incumplido las obligaciones a su cargo cuando así lo certifique la Comisión de Verificación, previo el informe respectivo del Juez.

Artículo 5º. Libertad definitiva. Pasados cinco años de concedido el beneficio de suspensión condicional de la pena, el juez podrá otorgar la libertad definitiva al condenado que haya cumplido, de acuerdo con la Comisión de Verificación, las obligaciones a su cargo y en especial la ejecución de los actos de reparación en los términos del artículo 6º de la presente ley.

Se considerará que el condenado ha cumplido las obligaciones a su cargo cuando así lo certifique la Comisión de Verificación, previo el informe correspondiente del juez.

3. Mecanismos de reparación de las víctimas y otras disposiciones

Artículo 6º. Mecanismos de reparación a las víctimas, superación del conflicto armado o consecución de la paz. Para los efectos de la presente ley, además de la dejación de las armas, del compromiso expreso de no regresar a las filas, y del cumplimiento de una pena alternativa a la prisión, requisitos que deben concurrir en todos los casos, se entiende como acto que contribuye a la reparación de las víctimas, a la superación del conflicto o a la consecución de la paz nacional, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar, cualquiera de los siguientes:

1. a) La reparación a las víctimas, de conformidad con los mecanismos establecidos en la ley;
2. b) La realización de trabajo social a favor de la recuperación de las víctimas;
3. c) La colaboración activa y efectiva con instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas;
4. d) El aporte de bienes a instituciones que se dediquen al trabajo social por la recuperación de las víctimas;
5. e) La entrega de bienes al Estado para la reparación de las víctimas. Para este efecto créase el Fondo de Reparación. El Gobierno Nacional reglamentará la organización y funciones del Fondo;
6. f) La manifestación pública de arrepentimiento;
7. h) La colaboración eficaz al esclarecimiento de los hechos ocurridos con ocasión del conflicto;
8. i) El aporte de información que contribuya eficazmente a la desarticulación de grupos organizados al margen de la ley.

Parágrafo 1º. La imposición de cualquiera de las obligaciones anteriores se hará teniendo en cuenta la situación de las víctimas, las calidades personales del condenado, su aporte a la superación del conflicto armado o la consecución de la paz y la gravedad de los hechos por los cuales fue condenado.

Artículo 7º. Acta de Compromiso. Para los efectos a que se refieren los artículos anteriores, el beneficiario deberá suscribir un acta de compromiso como condición para la suspensión de la ejecución de la pena. Firmada el acta de compromiso, el juez la concederá de plano.

Artículo 8º. Comisión de Verificación. Para efectos de la aplicación de la presente ley, el Gobierno Nacional conformará una Comisión de Verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las personas beneficiarias.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos que condicionan la suspensión de la ejecución de la pena, dará lugar a la revocatoria inmediata y automática de las medidas de que trata la presente ley.

Parágrafo 1º. El Presidente de la República queda facultado para determinar la integración, estructura y funcionamiento de la Comisión de Verificación.

Artículo 9º. Funciones de la Comisión de Verificación. Además de las que les asigne el Gobierno Nacional, la Comisión de Verificación tendrá las siguientes funciones:

1. Con el fin de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y preservar del olvido la memoria colectiva, organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstancias relacionados con las conductas de los beneficiarios de cualquiera de las medidas de que trata la presente ley.
2. Solicitar a los órganos de investigación, servicios de int eligencia y a los despachos judiciales la información relativa a las conductas de los destinatarios de la presente ley, con el fin de preservar del olvido la memoria colectiva y ejercer el control sobre el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se haya otorgado la correspondiente medida.
3. Solicitar la asistencia y cooperación de las autoridades de policía cuando resulte procedente y necesaria para la verificación de las obligaciones del destinatario de la medida.
4. Garantizar el acceso público a los archivos de los casos que lleguen a su conocimiento.

Artículo 10. Competencia. Del otorgamiento de las medidas a que se refiere la presente ley conocerán en forma privativa los jueces penales del circuito especializados.

CAPITULO III

Penas alternativas a la prisión

Artículo 11. Penas alternativas a la prisión. Para los efectos exclusivos de la presente ley, son penas alternativas a la prisión:

1. a) La inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas;
2. b) La inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular;
3. c) La prohibición del derecho a la tenencia y/o porte de armas;
4. d) La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos;
5. e) La expulsión del territorio nacional para los extranjeros;
6. f) La prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas;
7. g) La restricción geográfica de la libertad.

Artículo 12. Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. La pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas priva al condenado del ejercicio de cualquier función pública, dignidad u honor que confieren las entidades oficiales, hasta por diez (10) años.

Artículo 13. Inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular. La pena de inhabilitación para el acceso a cargos de elección popular priva al condenado del derecho a ser elegido, hasta por diez (10) años.

Artículo 14. Prohibición de tenencia y/o porte de armas. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y/o porte de arma, inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho, hasta por diez (10) años.

Artículo 15. Privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares. La privación del derecho a residir o de acudir a determinados lugares, impide al penado volver al lugar en que haya cometido la infracción, o a aquél en que residan las víctimas o sus familias si fueren distintos hasta por veinte (20) años.

Artículo 16. Prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas. La prohibición de aproximarse a las víctimas o comunicarse con ellas impide al penado establecer con las víctimas, sus familiares o cualquier otra persona que determine el juez, por cualquier medio de comunicación o informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, hasta por diez (10) años.

Artículo 17. Restricción geográfica de la libertad. La restricción geográfica de la libertad impide al penado salir de la región geográfica que establezca el juez, sin previa autorización judicial, hasta por diez (10) años.

Artículo 18. Derogación de disposiciones contrarias. Deróganse, para efectos de la presente ley, todas las disposiciones que le resulten contrarias.

Artículo 19. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.

Dear Colleague,

I would like to invite you to join me in signing this letter to the President of Colombia, Álvaro Uribe. While there are diverse perspectives on the extensive U.S. assistance program to Colombia, which are not the subject of this letter, the Congress and successive U.S. administrations have been united in asserting that a guiding purpose of U.S. assistance to Colombia is to strengthen that country’s democracy and respect for human rights. The attached letter expresses appreciation for the difficult security situation in Colombia and suggests some specific recommendations for strengthening democratic institutions and respect for human rights.

Recent reports by the State Department and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights identify persistent, serious human rights issues. The State Department’s report for 2002 asserts that the Colombian government’s “human rights record remained poor.” The UN High Commissioner in his February 2003 report on the human rights situation in Colombia found an increase in direct human rights violations by government security forces. Both reports singled out ongoing army collaboration with illegal paramilitary forces, such as the United Self-Defense Forces of Colombia (AUC), as a primary area of concern. As you know, the AUC is listed as a Foreign Terrorist Organization by the State Department. The principal intent of this letter is to urge President Uribe to sever all links, including at the tactical field level, with the paramilitaries.