Francisco Cifuentes

El destino de las relaciones de Colombia con su socio comercial más importante está atado al Tratado de extradición de delincuentes colombianos para someterlos a los tribunales del norte. Fue durante el gobierno del doctor Turbay Ayala cuando se aprobó este instrumento de intercambio de delincuentes de uno y otro país. Desde entonces los vaivenes de su vigencia y aplicación han dado lugar para las interpretaciones jurídicas más luminosas y para demostrar el poder de los dineros de los extraditables. Nadie lleva la cuenta de las sumas recaudadas por los abogados de estos desafortunados ciudadanos y los montos de los pagos hechos a políticos y funcionarios del gobierno para bloquear la vigencia del Tratado o para “datiar” al narcotraficante de que llegó la solicitud de su extradición “y que ya está en la mesa del ministro”.

Es aburrido e innecesario escribir la historia del Tratado pero bien vale sacar de la memoria algunos puntos medulares.

1. La sanción presidencial del Tratado por parte del ministro de gobierno en uso de funciones presidenciales o ministro delegatario –cuando el presidente Turbay Ayala estaba en el exterior– fue la causa de que se anulara vigencia de la ley aprobatoria varios años mas tarde durante el gobierno de Virgilio Barco.
2. El presidente Betancur se alineó con la tesis de la soberanía y no extraditó a ningún colombiano hasta el día siguiente al del asesinato de su ministro de Justicia. El cordero del sacrificio fue un dirigente deportivo que logró su viaje al norte sin necesidad de visa especial. En este mismo gobierno, creo recordar, se produjo la extradición Carlos Lehder entregado por sus propios consocios por haberse tornado impredecible en sus declaraciones políticas y haber dado muestra de comportamientos erráticos en las lealtades.
3. En el gobierno de Virgilio Barco un intento para modificar la vigencia del Tratado, no recuerdo si por vía constitucional o por legislación dio lugar a la nefasta intervención del ministro Lemos Simmonds que abrió la caja de pandora del terrorismo de los extraditables.
4. En el gobierno de Cesar Gaviria se gestó en la constituyente la prohibición constitucional de la extradición de nacionales y los hechos –video casetes– trataron de demostrar que un buen número de los constituyentes fueron recompensados por sus servicios a la causa de los extraditable. El siniestro personaje Pablo Escobar se “entregó” a la justicia colombiana al día siguiente de que fue aprobada la no extradición de nacionales.
5. Los siete años de tranquilidad para los extraditables después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 fueron rotos con la reforma constitucional que aprobó la extradición de nacionales por delitos cometidos después del diciembre de 1997. Luego vino el debate jurídico sobre si el Tratado debía renegociarse o si estaba en vigencia.
6. El gobierno de Ernesto Samper estuvo dominado el escándalo que generó el dinero que presuntamente entró a sus espaldas –según sus palabras– para financiar su campaña presidencial. El candidato derrotado fue el mensajero despistado que recibió, –no supo dónde, ni cuándo, ni cómo– un casete con una conversación comprometedora para el recién elegido presidente. En ambos personajes la constante estuvo en su relación con los extraditables.
7. El presidente Andrés Pastrana, fue, claramente, un embajador de buena voluntad en demostrar hasta la saciedad en el Congreso de los Estados Unidos y en los foros europeos que los subversivos no eran narcotraficantes y solo eran meros grameros. –recaudadores de peajes a los traficantes–, para eludir cualquier intento de solicitud de extradición de los mismos.
8. El gobierno de Uribe Vélez recibe pues una cola demasiado larga y con nuevas posturas presidenciales ha sido el gobernante que mayor cantidad de nacionales ha enviado a las cómodas prisiones del Norte. Su socio a falta de mostrar resultados en su lucha contra el consumo, puede por lo menos presentar cifras contundentes de que ha golpeado, y con dureza, a varios grandes personajes del narcotráfico del pasado.

Durante los dos años de este gobierno el Tratado ha sido atacado jurídicamente en dos ocasiones: durante la reforma del Código de Procedimiento Penal se hicieron intentos para modificar el articulado relativo a la extradición y hacer mas complejo el proceso; se presentaron marchas y contra marchas para finalmente dejar el articulado vigente. Y en el segundo intento se propuso, para evitar la interferencia de las potencias en el proceso de paz con los grupos subversivos y paramilitares, una reforma constitucional que excluiría a los cabecillas como sujetos de la extradición. Ambas tentativas fueron enérgicamente rechazadas por Uribe Vélez. También circularon rumores de que un importante personaje estuvo abogando directa y personalmente ante el presidente, sin asomo alguno de vergüenza, por extraditables a quienes debía favores anteriores.

Pero ahora se han cruzado los caminos de los dos gobiernos cuando se ha tocado a los dirigentes de los grupos alzados en armas –y hasta los niños saben que el narcotráfico es la fuente principal de los recursos de la guerra interna y el responsable de las peores matanzas–. Para mal, pienso yo, están apareciendo retahílas adicionales a las resoluciones de extradición que demuestran que la extradición se está utilizando como un comodín que se puede jugar para otros fines, bien sea para forzar acuerdos de desmovilización de paramilitares o la liberación de colombianos secuestrados.

Primero con Salvatore Macuso se ha suspendido la autorización de extraditarlo si “observa buen comportamiento en las negociaciones de desmovilización”. Y segundo, con Simón Trinidad cuya extradición o no, queda condicionada a que se liberen un buen número de colombianos secuestrados por la insurgencia, que ve en estos desgraciados nacionales el último recurso de negociación que tiene en sus manos, ante la pérdida de sus territorios, sus doctrinas, sus lealtades, sus ejércitos y seguramente su negocio.

El condicionamiento del gobierno demuestra la desconfianza que tiene sobre la seriedad y el compromiso del negociador (Mancuso) y patentiza la fragilidad de los instrumentos jurídicos que tiene para enjuiciarlo. Desde el comienzo se sabe que hay algunos cabecillas muy comprometidos en el narcotráfico y que varios de ellos están seriamente emproblemados con las autoridades norteamericanas.

El condicionamiento de la extradición de Simón Trinidad y la utilización de su cabeza como producto de intercambio, dejan ver al canto la pobreza del plan del intercambio humanitario y lleva al gobierno a caer en la deplorable práctica de intercambiar “botones por everfites” aunque el presidente ha salido a decir que por ser “mano”, es él quien pone las condiciones esta vez. Lo natural era firmar las dos resoluciones así no más, sin glosas ni arandelas. No hubiera pasado nada distinto de lo que va a pasar; pues Simón ya está abandonado a su suerte por la subversión y Salvatore no puede ser capturado por el compromiso y las credenciales que tiene en el proceso de desmovilización que llevará por lo menos dos años más, sino décadas.

Mi posición ante el Tratado ha sido de resignación, es un problema de las relaciones de las colonias con las potencias; es desigual pues contra los varios centenares de colombianos enviados a paseo creo que solamente Colombia ha sido honrada con un turista americano de Montana; es arrolladora: las condiciones de confinamiento son terribles por el aislamiento y la frialdad del tratamiento carcelario, las penas son desproporcionadas e infames; pero es un mal necesario. El crimen transnacional solo puede ser combatido por este tipo de Tratados que deja a merced de las prioridades de las potencias el que se haga justicia y por lo menos el delincuente –desprovisto del temor a la sanción divina– sepa que hay un aparato supranacional que puede llamarlo a rendir cuentas de sus fechorías en esta vida.

Que la dirigencia de los actores del conflicto termine en los desolados pasillos de las prisiones del norte no me trasnocha. Es más, sería una oportunidad para los colombianos de replantear los términos de la guerra y de perturbar la principal fuente financiera de que se nutren estos grupos. Sería una oportunidad exquisita que los Estados Unidos con todos los cabecillas en sus cárceles participara activamente en desmantelamiento de los ejercitos de embaladores y protectores de embarques de drogas y de cultivos que se escudan en estos grupos y con ello ayudaría a resolver el problema de los suministros para sus nacionales drogadictos y el de la guerra interna en Colombia. Quizas entonces el conflicto colombiano se arreglaria punta de simples madrazos o gritos de consignas –como las que hicieron Simón y el “Canciller” cuando eran conducidos a los calabozos–.

Por eso me parece un error del gobierno que intente utilizar la extradición como “comodín” en la negociación de otros problemas.